El departamento de Justicia retira la subvención a las entidades sociales que trabajamos para rehabilitar reclusos

El departamento de Justicia retira la subvención a las entidades sociales que trabajamos para rehabilitar reclusos

Barcelona, ​​25 de mayo. Manifestamos nuestro total desacuerdo con la drástica medida tomada por el Departamento de Justicia de retirar la subvención a las entidades sociales que trabajamos para rehabilitar reclusos. Sin embargo, nuestra entidad continuará atendiendo a las personas reclusas que demandan tratamiento para superar su adicción.

Proyecto Hombre Cataluña nos adherimos al siguiente comunicado de la Mesa de Participación Social:

La retirada de la subvención de la Generalitat a las entidades sociales que trabajan para rehabilitar reclusos les deja sin atención y hace que algunas ONG tengan que cerrar

Los recortes económicos anunciados por el Gobierno de la Generalidad de cara al año 2012 y 2013 han puesto contra la pared la reinserción social de presos, vulnerando así uno de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución. Los programas destinados a evitar la reincidencia de los convictos cuentan con la implicación directa de 94 entidades en Cataluña. La desaparición de la partida económica destinada a reinserción supone un triple coste social que afecta a la seguridad, la economía, y la dignidad de las personas.

Menos dinero, más inseguridad y más pobreza

 Las 94 entidades que colaboran con el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña en la atención a personas inmersas en procesos judiciales han recibido oficialmente la comunicación del Departamento que a partir del 1 de junio de 2012 no recibirán ningún tipo de financiación para los programas de rehabilitación de reclusos. Con la medida, la Generalitat prevé ahorrarse medio millón de euros en 2012.

Este nuevo recorte se añade a la aceptación de dejar de recibir financiación para las actividades culturales, de ocio, de formación que las ONG también prestaban, ya que entendían que hay otros gastos prioritarios para el país como la educación y la sanidad. Así pues, a partir del 1 de junio las entidades sociales minimizarán su actividad y harán sólo acciones de voluntariado, las cuales también tienen costes y sólo se podrán hacer si obtienen recursos de la iniciativa privada.
EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA RETIRA LA SUBVENCIÓN A LAS ENTIDADES SOCIALES QUE TRABAJAMOS PARA REHABILITAR RECLUSOS

Sin rehabilitación no hay reinserción La Constitución Española de 1978 recoge en su artículo 25.2 que "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado que estuviere cumpliendo pena de prisión (...), tendrá derecho a un trabajo remunerado ya los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, y al acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad. " 1 En este sentido, sacar la aportación económica destinada a la reinserción social, supone una vulneración de los derechos fundamentales de los internos. En Cataluña, cada año salen de prisión por finalización de condena 2.300 presos, aproximadamente. Las estadísticas dicen que la reincidencia sin rehabilitación se sitúa en torno al 50%. Así pues, a partir de ahora más de 1.000 personas con riesgo de reincidencia, dejarán de recibir tratamiento, con los consecuentes riesgos para la seguridad ciudadana. Lo que ahora es barato, resulta muy caro. El medio millón de euros que faltan para que las entidades mantengan los programas de rehabilitación de presos, además de hacer una función social, suponía un ahorro económico, ya que el coste de un preso se sitúa en 30.000 euros al año , una cantidad que se ahorra con cada interno rehabilitado que no vuelve a pisar la cárcel. Con este recorte se está provocando más inseguridad ciudadana y más gasto a corto-medio plazo.

La noticia de dejar sin recursos económicos las entidades dedicadas a la rehabilitación de reclusos llega poco más de un año después de la campaña de sensibilización que la Mesa de Participación Social hizo con el nombre Abrimos la puerta a la rehabilitación. La campaña hacía un llamamiento a la implicación de la sociedad a la hora de apoyar a las personas que han cumplido programas de rehabilitación, el único camino para evitar la reincidencia en el delito y conseguir más seguridad ciudadana. Con el actual recorte de subvenciones cerramos la puerta a la rehabilitación. Una vez más, aquí son los más vulnerables los que se quedan sin oportunidades. Son las personas sin familia o círculos sociales de apoyo, las madres con cargas familiares, las personas discapacitadas, con enfermedades mentales, en proceso de rehabilitación de drogodependencias ... las que pierden los programas de apoyo. Sin subvención, las entidades no pueden seguir ofreciendo servicios de acogida y manutención durante los permisos, durante las libertades condicionales o los primeros períodos de la salida de prisión. Tampoco pueden seguir prestando servicios de rehabilitación y reeducación dentro o fuera de prisión durante todo el proceso. 35 entidades sociales dejan de recibir la financiación por subvención y muchas otras reciben reducciones y renegociaciones de los contratos firmados. También hay abocadas a cerrar servicios que venían desarrollando desde hace muchos años, algunas más de 10 años. 

En general se encuentran en proceso de despedir a sus profesionales especializados para extinción de las actividades que llevaban a cabo, incrementando el número de parados del país. Algunas tendrán que cerrar por no poder hacer frente a sus indemnizaciones laborales. Se trata también de un grave paso en contra del tejido asociativo de nuestro país y en contra de la tan necesaria cohesión social en tiempos de crisis. Son muy pocas las que podrán seguir haciendo lo que hacían. A partir de ahora, el presupuesto del Departamento de Justicia servirá para pagar los ladrillos de los nuevos edificios judiciales y de los nuevos centros penitenciarios, que pierden todo el sentido, ya que las paredes no rehabilitan. La rehabilitación se reducirá a los programas que desarrollan los profesionales dentro de las cárceles y se cerrará la puerta al apoyo a la salida de prisión.

El resumen es que las personas que tienen ganas de cambiar de vida después de la cárcel dejarán de tener oportunidades y que la inseguridad ciudadana crecerá para todos. Una gran pérdida social y económica.